Introducción
El 15 de septiembre de 2022, en el barrio de la Verneda, a unos 250 metros de la calle del Puente del Trabajo Digno, se alza uno de esos enormes bloques de ladrillo que crecen como setas en los distritos periféricos del antiguo «cinturón rojo de Barcelona». En la base del edificio había un local abandonado, propiedad de la comunidad de vecinos, pero ocupado en aquel momento por una madre y sus dos hijos de 13 y 8 años. Por aquel entonces el Sindicat d’Habitatge de la Verneda llevaba meses tratando de negociar con la comunidad de vecinos para que la madre y sus dos hijos se pudieran quedar allí, al menos provisionalmente. Los «queridos» vecinos, en su mayoría obreros jubilados, no quisieron atender a razones. La mujer y los niños se iban a tener que ir. Al fin y al cabo, «si tienen dinero para un iPhone y para un patinete eléctrico, tienen dinero para pagar el alquiler».
La mañana del lanzamiento acudieron no menos de seis furgonetas de los Mossos d’Esquadra, una cifra bastante elevada para un desahucio de estas características. El operativo no tardó demasiado en desplazar a los activistas de la puerta y encajonarlos en el patio interior, acordonando todos los accesos. Allí los retuvo mientras golpeaba la puerta con un ariete. Unos instantes después, cuando la policía logró abrirse paso, la mujer, fruto de la desesperación, rompió una de las ventanas que dan al patio interior, clavó las muñecas entre los restos de cristal y se abrió las venas. Esto ocurrió a la vista de los activistas, que entraron en pánico mientras la policía insistía en vetarles el paso. La situación no escaló, es decir, los manifestantes no contraatacaron. La ambulancia del SEM atendió a la mujer, que acabaría durmiendo con sus dos hijos en una pensión y la policía, en un extraño gesto de simpatía –o en una hábil maniobra de control de daños–, dejó ir a los manifestantes sin una sola identificación, multa o detención.
En este caso se condensan todos los elementos que caracterizan el sindicalismo de vivienda: su visceralidad, su sentido de la urgencia y la muestra vívida de las contradicciones encarnizadas del capitalismo, sí, pero también la aplastante fuerza del Estado, la incapacidad para responder adecuadamente a la problemática, la desorganización imperante y la falta de táctica concreta y de estrategia general. Tras los eventos que han conducido a la actual situación: el suicidio de Olga Matute en l’Hospitalet de Llobregat el 21 de septiembre a raíz de su desahucio, el desahucio de Maricarmen Abascal el 23 de septiembre y su muerte el 7 de octubre. También la acampada en Plaza del Sol, las sucesivas protestas por todo el país y, finalmente, la convocatoria de elecciones anticipadas de cara al 29 de noviembre; se presenta la necesidad de dar una respuesta en clave comunista al movimiento por la vivienda, hablar de los límites del sindicalismo de vivienda y de su impotencia general fruto de su mismo planteamiento. Y ese análisis debe empezar por una pregunta incómoda que el caso de la Verneda ya deja entrever: los vecinos que rechazaron a la madre y sus hijos no eran un fondo buitre o un banco. Conviene, pues, empezar a tratar la cuestión por la distribución de la propiedad.
La propiedad
La mayoría de los sindicatos, organizaciones y partidos, así como el debate público que ha estallado estos días a raíz del caso de Maricarmen, entienden que la «crisis de la vivienda» guarda relación directa con los fondos de inversión inmobiliarios, generando así la imagen de un enemigo fácil de calificar como egoísta y acaparador. La realidad es muy distinta, pues el pequeño propietario es el principal parásito, y esto plantea una serie de retos políticos de grandes proporciones: el 46,6% de los pisos en alquiler pertenecen a personas que solo tienen una vivienda arrendada, y alrededor del 39% pertenecen a las personas que tienen entre 2 y 4 viviendas alquiladas. Dejando de lado que cabe la posibilidad de que haya personas que opten por alquilar menos viviendas de las que disponen, tomando los datos a grosso modo podemos ver que alrededor del 85% de las viviendas alquiladas pertenecen a propietarios de menos de 5 viviendas.
Estos datos ofrecen un retrato mucho más complejo del mercado de la vivienda y de lo que se suele denominar «clase rentista». En lo que refiere a los consumidores, por el momento, el 73,3% de la población del país reside en una vivienda que es de su propiedad o de la propiedad de alguien que le permite su disfrute sin pago alguno –la familia, por lo general–, quedando el problema del alquiler reservado al 26,7% de la población restante. Esta primera cifra encierra un problema social que no es baladí: la capacidad de la juventud para emanciparse. La tasa de emancipación juvenil –de 16 a 34 años– es del 14,5%, siendo la edad media de emancipación los 30,2 años, y los propietarios menores de 35 años han pasado del 69,3% en el año 2011 al 31,8% en el 20221. Por añadidura, la brecha es también de carácter nacional. Según el INE, la enorme mayoría de la población inmigrante procedente de un país externo a la Unión Europea reside en pisos de alquiler.
Tenemos, pues, que el grueso de la supuesta «clase rentista» está compuesta por pequeños propietarios, muchos de los cuales posiblemente sean asalariados que han puesto viviendas heredadas en alquiler, cosa que afecta principalmente a jóvenes e inmigrantes. Al mismo tiempo, existe una tendencia a la concentración de la propiedad, acelerada tras la crisis de 2008, que apunta en una dirección de desposesión general de la vivienda, pero que todavía deja la mayor parte de la propiedad distribuida en pequeños propietarios. Frente a esto, cabe preguntarse de dónde viene el movimiento que ha surgido como respuesta a esta situación.
El origen del sindicalismo de vivienda
El sindicalismo de vivienda surge como una reformulación de la tradición del movimiento por el derecho a la vivienda que se remonta hasta los años 80 y 90 con el movimiento okupa.
En 1996, con la represión que siguió a la penalización de la usurpación, una gran parte del movimiento abandonó el planteamiento original de espacios autogestionados «externos» al sistema capitalista, sustituyéndolo por la implementación de técnicas de resistencia directa –que no necesariamente violenta–.
En el año 2003 aparecieron los colectivos Miles de Viviendas y la Plataforma por la Vivienda Digna, que en 2006 se convertirá en V de Vivienda, enmarcados en la corriente ciudadanista y con una orientación reformista desde sus orígenes, cosa que le granjeó un mayor éxito inmediato, pero facilitó su cooptación por partidos y sindicatos, desinflándose definitivamente tras las ayudas del alquiler propuestas por el gobierno de Zapatero en el año 2007. En 2009 y ya a razón de los primeros estragos de la crisis del 2008, varios de los activistas de V de Vivienda fundaron la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), que combinaba la práctica reformista de V de Vivienda –asesorías colectivas, pactos con los ayuntamientos, etc.– con prácticas más combativas del movimiento okupa clásico, como el impedimento de desahucios en puerta. Con la llegada del 15M en 2011, la PAH se expandió por todo el Estado en la misma medida en la que la cuestión de la vivienda ganó cierta urgencia. La fama de la PAH fue catapultada y sus principales dirigentes no tardaron en ser absorbidos por Podemos, causando la fragmentación de la PAH en una miríada de organizaciones que acabaron adquiriendo un carácter mucho más localista. Estas nuevas organizaciones por la vivienda se fundirían con asambleas barriales preexistentes, o se constituirían como núcleos diferenciados y, en muchos casos, apostando por métodos de lucha de corte más autonomista. Es en esta etapa, que podemos ubicar aproximadamente entre 2015 y 2018, que nace también el Sindicato de Inquilinos a medida que los alquileres empiezan a ganar peso frente a las hipotecas.
Queremos hacer notar que el origen de los métodos organizativos que caracterizan al sindicalismo de vivienda no parte de la derivación de las prácticas de lucha revolucionarias, sino de la fusión de los planteamientos políticos y organizativos del movimiento okupa, por un lado, y de los movimientos civiles para la reforma del sistema de vivienda, por el otro, así como la incorporación de individualidades provenientes del anarquismo autonomista e insurreccionalista.
Si por un lado el perfil «militante» del movimiento por la vivienda surge de la combinación de las prácticas organizativas de inspiración autonomista y de carácter reformista, sus perfiles «afectados» se caracterizan por abarcar a todas aquellas personas que ven afectado su acceso a la vivienda como consumidores, y no en tanto que productores. Dicho de otro modo, el sindicato de vivienda no distingue por clase social, solamente por situación económica. Tanto su composición, como el origen y sus premisas políticas condicionan el estado actual del movimiento y su capacidad real de acción.
El estado del movimiento por la vivienda
Como hemos dicho, el sindicalismo de vivienda tiene un problema de composición y de planteamiento, pero también de eficacia: es cada vez más incapaz de parar desahucios por sí mismo. A partir de aquí, la lectura, programa y objetivos que cada organización política realiza de su participación es muy distinta.
El Movimiento Socialista, por ejemplo, considera que parar desahucios es un modo de extender la conciencia obrera entre las masas trabajadoras, encuadrándolas en organizaciones locales –es decir, alejadas del puesto de trabajo–, que pueden servir como bases de poder en el seno de las urbes capitalistas. Hace unos años, nosotros también teníamos intención de trabajar en los sindicatos de vivienda principalmente para atraernos a los elementos más avanzados del proletariado que allí militara, utilizándolos como una especie de «cantera» de la que poder incorporar elementos política y prácticamente avanzados –a la par, claro, que parábamos desahucios y participábamos de las demás actividades propias de este tipo de organización–.
El Sindicato de Inquilinas, por el contrario, entiende el sindicalismo de vivienda como un medio para catapultar una serie de reformas, sí, pero también como un fin en sí mismo: parar desahucios ya es, en cierto modo, el cumplimiento de su programa reformista –que reza, recordemos, que la «desmercantilización» de la vivienda vía su regulación estatal es una vía para acabar con el neoliberalismo–.
Tras varios años de popularización y desarrollo del movimiento por la vivienda, las tácticas y prácticas más radicalizadas, como la okupación de pisos vacíos o la resistencia proactiva, han ido perdiendo eficacia por la adaptación de los cuerpos policiales y del Estado, que se han ensañado con el activismo de la vivienda con especial virulencia. Es decir, que, para parar desahucios –cosa necesaria para ganar fuerza y capital político– los métodos actuales más eficaces son aquellos más institucionales: contar con una cantidad generosa de abogados, tener buenos contactos con las entidades administrativas locales. El desarrollo del movimiento por la vivienda, lleva a una conclusión bastante clara: de todas las fuerzas en liza se favorece a la más reformista, forzando al resto a abandonar sus medios de lucha y a adoptar los de ésta –en este caso, Inquilinas–.
Pero lo relevante no es solamente eso, porque todo el andamiaje y planteamiento de los sindicatos de vivienda presenta una dificultad añadida: la de la individualización de los casos. El perfil de afectado accede al sindicalismo de vivienda en calidad de consumidor, siendo que los estratos que componen la clase trabajadora más afectada por el problema de la vivienda sufren también las mayores dificultades para organizarse por su situación depauperada. Teniendo también en cuenta que para los colectivos de vivienda es fundamental parar tantos desahucios como les sea posible, lo que resulta es que la gente acude a los sindicatos de vivienda con una mentalidad asistencial o, en el mejor de los casos, «de intercambio».
Aquí, evidentemente, también tiene ventaja el reformismo: los discursos revolucionarios, aunque introducidos con algodón y gradualmente, suelen caer en saco roto porque la distancia entre lo que se dice y lo que se hace es abismal, y aunque existe una gran cantidad de casos de afectados que se han ideologizado mediante el sindicalismo de vivienda, lo más habitual es que éstos abandonen la organización tan pronto como su caso queda resuelto.
Pero esto no es todo, porque, en realidad, parar un desahucio no significa necesariamente «pararlo» en un sentido absoluto; es decir, el piso no pasa a ser propiedad del individuo afectado –o casi nunca lo hace–. ¿Qué significa, pues, «parar un desahucio»? En la mayoría de los casos significa postergarlo en el tiempo. Si la concentración de activistas en puerta es superior a la de las fuerzas del Estado –en los primeros lanzamientos la comitiva judicial suele acudir acompañada únicamente por una pareja de policías de patrulla–, el lanzamiento queda pospuesto. A partir de aquí, las posibilidades se reducen a dos: o bien el caso se deriva a una nueva instancia judicial o a servicios sociales, siendo lo más habitual que se den ambas a la vez. Cada lanzamiento que se produce incrementa el nivel de respuesta del Estado, siempre dispuesto a defender la sacralidad de la propiedad privada, pero, al mismo tiempo, la resistencia incrementa la capacidad de negociación siempre y cuando las organizaciones en liza jueguen bien sus cartas.
Estas negociaciones pueden ser con la propiedad. Este es el resultado común en los casos que se desarrollan en pisos que son propiedad de grandes tenedores que se ven obligados a ofrecer un alquiler social al inquilino antes de demandar tal y como queda recogido en la Ley 24/2015. La otra opción es que el caso sea derivado a la Mesa de Emergencia, que elabora un informe de vulnerabilidad mediante el que el ayuntamiento ofrece una vivienda a la familia desahuciada. Eso sí, ni el informe ni la intervención de los Servicios Sociales garantizan una vivienda, puesto que la entidad encargada de proveerla puede –y suele– carecer de ellas.
Es decir, un desahucio no «se para» en el sentido en el que se hace efectiva la reivindicación política de la organización participante –la vivienda para quien vive en ella–, sino que o bien se retrasa, o bien se negocia por los cauces institucionales, cosa que, de nuevo, vuelve a dar ventaja a las fuerzas más reformistas y que cuenten con una mayor cantidad de especialistas –es decir, el Sindicato de Inquilinas–.
Lo que tenemos es, entonces, que la práctica de la que depende el éxito del sindicalismo de vivienda es esencialmente reformista, que las necesidades prácticas inmediatas del mismo refuerzan la conciencia asistencial y se relacionan con los objetivos revolucionarios de forma únicamente discursiva, y que, en su planteamiento actual, las fuerzas reformistas juegan con una enorme ventaja, entre otras razones porque pueden atribuirse todo el mérito de las sucesivas leyes que, de hecho, han reducido sustancialmente el número de desahucios ejecutados. ¿Cómo lo han logrado? Porque el Sindicato de Inquilinas, a diferencia del grueso de organizaciones comunistas –y anarquistas–, goza de buenos contactos y financiación, pero también carece de escrúpulos para pactar y participar gustosamente de la política parlamentaria, permitiéndoles capitalizar gran parte del rédito político de un movimiento social que, a pesar de haber incrementado su militancia e importancia política y mediática, apenas es capaz de mejorar sus resultados inmediatos sobre el terreno.
Estos son los límites del sindicalismo de vivienda en la actualidad. En consecuencia, todas las fuerzas políticas que participan en él, por más que lo hagan desde una perspectiva pretendidamente revolucionaria, son doblemente vulnerables al aprovechamiento de su actividad por parte de la política institucional. Si el PSOE ha utilizado el caso de Maricarmen para lanzar dos propuestas al Parlamento con el único fin de que fueran tumbadas, convocar elecciones y, pocos días después, aprobarlas vía la Diputación Permanente es porque ha podido cabalgar la ola de indignación del movimiento por la vivienda, gran parte del cual le es políticamente favorable. Si la percepción general, por más que cambiante en márgenes estrechos, es que el PSOE es el partido que apuesta por el bienestar habitacional de la población es porque el sindicalismo de vivienda, en su forma actual, ni goza ni puede gozar de independencia de clase, que no consiste –o no solo– en constituir organizaciones independientes o en controlar al milímetro las consignas y discursos.
Nada de esto significa, sin embargo, que los comunistas no podamos o no debamos hacer trabajo en materia de vivienda.
La política comunista para el problema de la vivienda
El 5 de octubre, tanto CCOO como UGT convocaron una «huelga general» a razón del problema de la vivienda. En manos de ambas organizaciones, estas palabras significan poco más que un paro de 24 horas al servicio de los intereses electorales del PSOE, una herramienta para perpetuar al partido de la razón de Estado en su afán por aferrarse al poder. Y, sin embargo, no han sido pocas las organizaciones dedicadas a la lucha por la vivienda que han reclamado la intervención de CCOO y UGT para convocar una huelga general, siendo los dos únicos sindicatos capaces de convocarla. Tal es el caso del Sindicato de Inquilinas y del Sindicat de Llogateres, principales garantes del reformismo en este frente, pero también de una miríada de acciones que, de forma más o menos consciente, se pliegan al reformismo.
Esta convocatoria de huelga, pedrada reformista en toda regla, es demostrativa de dos hechos lapidarios. El primero, y tal vez el más importante, es que el control de las movilizaciones y de todo el rumbo de la izquierda extraparlamentaria, está, al menos por el momento, en manos del PSOE. Indistintamente de lo conscientes que las organizaciones revolucionarias sean de la perniciosa influencia de la socialdemocracia, de la capacidad que tengan para hacerse notar mediáticamente o de la cantidad de militantes y/o afiliados de los que dispongan, la cacareada independencia de clase se ha esfumado de un plumazo para todos nosotros desde el preciso instante en el que las dos titánicas centrales sindicales, las mayores del país, se han apropiado de la consigna de la huelga general a instancias del reformismo de vivienda. El segundo, y tal vez el más importante, es que el recorrido del sindicalismo de vivienda, que durante tantos años ha corrido paralelamente –al menos en apariencia– de la esfera productiva, ha topado de bruces con la realidad. Da igual cuál sea el horizonte programático de las organizaciones que han participado en este frente, porque la realidad es que sin capacidad para organizar a los trabajadores allí donde producen y reproducen tanto su vida misma como la sociedad que les asfixia, no hay lucha alguna capaz de llegar a ningún lado.
Nuestra propuesta concreta parte precisamente de esta premisa: hay que organizar al proletariado desde los centros de trabajo. La lucha por la vivienda, tal y como existe en la nebulosa política que hoy configura el ideal político del proletariado, es, en realidad, una lucha política y, por lo tanto, también una lucha económica por el salario. Pero cuando nosotros señalamos que el problema de la vivienda es un problema salarial no lo hacemos con el afán de hacer un llamado al sindicalismo, a limitar la lucha por la vivienda al incremento salarial. Significa trasladar el problema político de la vivienda a los centros de trabajo. En este caso, el problema de la vivienda, afecta particularmente a las secciones del proletariado inmigrante y joven, que son precisamente las que vuelven a alimentar las industrias esenciales de este país: la alimenticia, la automoción, el metal, la infraestructura y la logística. Estos son, precisamente, los sectores capaces de paralizar el total de la economía de un plumazo, los que permiten alterar la normalidad de una forma tan brutal que facilite la agitación y la propaganda en todos los medios posibles. Estos trabajadores –y trabajadoras, no nos olvidemos–, los que se desgastan en los oficios más brutales, desagradecidos y monótonos.
La vivienda cobra hoy especial relevancia política por la combinación de dos factores. El primero es el abandono de la lucha desde los centros de trabajo y, por ende, la pérdida de capacidad de presión del proletariado mediante la huelga. El segundo es la perspectiva reformista que empapa incluso las capas más radicales de la izquierda, puesto que la lucha por la vivienda en sí misma es, por su forma, contenido y objetivos, una lucha reformista e interclasista.
Los medios de lucha actuales en el sindicalismo de vivienda son incapaces de transformar en lo más mínimo su conciencia de clase. Porque, al final, las consignas y la agitación y la propaganda son útiles hasta cierto punto, pero lo que prima por encima de todo lo demás es el encuadramiento, la acción y la transformación práctica de la vida de los elementos que componen la clase social revolucionaria.
Nuestra estrategia pasa, entonces y como decíamos, por trasladar la lucha política por la vivienda a los centros de trabajo. Puede parecer contraintuitivo, pero para solucionar el problema de la vivienda en su faceta minimalista; es decir, para aprovechar adecuadamente el problema político que supone la carestía de vivienda, subsanable únicamente una vez tomemos el poder, es posible que sea obligatorio dejar de acudir a desahucios durante un tiempo. ¿Pero, en qué consiste exactamente este trabajo y por qué decimos esto?
El trabajo es sencillo: hay que implantar la organización –y por ende, la consciencia– comunista en los centros de trabajo. Si para arremolinar a una buena parte de la plantilla hay que pasar por un periodo de trabajo sindical, tocará hacer trabajo sindical. Realizar trabajo sindical no significa necesaria ni deseablemente plegarse al reformismo salarial, es decir, al sindicalismo tal y como se entiende en la actualidad. Significa tener paciencia, trabajar mediante un sindicato de clase que dé espacio y herramientas para acceder al centro de trabajo de una forma garantista y, a poder ser, multiplicando la fuerza de los militantes implicados mediante conocimientos y cobertura legales, unas siglas que sean medianamente reconocibles a los obreros y la garantía de poder emplear tantas fuerzas como sean necesarias en un momento crítico. Pero si, por el contrario, existe la posibilidad de erguir un círculo de trabajadores comunistas en un centro de trabajo sin necesidad de pasar por una etapa prolongada de prospección y trabajo tedioso, tal oportunidad debe ser aprovechada y priorizada.
Pero llevar las reclamaciones de la vivienda a los centros productivos ofrece una magnífica oportunidad de trabajo organizativo, puesto que una reclamación de estas características podría calar profundamente entre aquellos obreros más depauperados –de nuevo, generalmente jóvenes e inmigrantes empleados por ETT que, además, componen el sector más denostado, ignorado y desorganizado de las filas del proletariado. Es posible que, frente a nuestra propuesta, los haya que afirmen que el problema de la vivienda, por el momento, afecta solamente a una minoría relativa –alrededor del 30% de la población– y que una campaña organizativa de estas características no interpelaría a aquellos trabajadores cuya situación habitacional fuera estable. Sin embargo, al abordar la cuestión de la vivienda desde la producción, la lucha inmediata podría –y debería– expresarse como una lucha política por su contenido, sí, pero como un combate por el salario, siendo los incrementos salariales y el ataque incesante contra la aristocracia obrera dos de las piedras de toque de cualquier actividad huelguística. Es decir: una acción de estas características no solo permitiría organizar a aquellos obreros más depauperados, sino que podría ofrecer una oportunidad de oro para trazar una política nítidamente clasista que desmarque la actuación comunista en torno a la vivienda de la línea interclasista de la conciliación social, al contrario de lo que ocurrirá con la farsa electoral convocada por CCOO y UGT a petición de, no nos olvidemos, el Sindicato de Inquilinas.
La constitución de círculos obreros sólidos y diseminados por todo el territorio permite la extensión de la conciencia comunista a los movimientos sociales. Donde antes primaba la lucha ideológica sibilina en el «mercado de las ideas», en el que el reformismo y la reacción siempre tienen las de ganar porque, al final, interpelan a un sentido común que refrenda su práctica, ahora aparecen una serie de trabajadores encuadrados y conscientes políticamente que no solo ofrecen resistencia al proyecto contrarrevolucionario –sea de derecha o de izquierdas– sino que, por ser cercanos a los individuos afectados por la problemática concreta, son capaces de influirles con mucha más fuerza de lo que harían mil consignas.
Y si decimos que tal vez haya que dejar de parar desahucios durante un tiempo es porque este trabajo ha de ser, de nuevo, masivo, sistemático e implacable y, al menos hasta donde sabemos, no existe organización comunista en la actualidad que pueda destinar esfuerzos y recursos suficientes para acometer ambas tareas simultáneamente siendo que, además, una de ellas nos parece errónea por su planteamiento, pues un movimiento obrero fuerte abordaría el problema de la vivienda de forma muy distinta.
Debemos dedicar todas las fuerzas disponibles a este trabajo de modo que sea ejecutado con la mayor precisión, corrección y velocidad que sea posible. Porque, muy al contrario de lo que parecen indicar nuestros detractores, nosotros no negamos que los comunistas deban estar en todas partes, que deban desarrollar la lucha política y que, en general, se deba atacar a la burguesía en todos los frentes posibles. Lo que decimos es que no se puede combatir al reformismo sin tener una base sólida entre los trabajadores, siendo el único modo posible de lograrlo el trabajo político en los centros productivos y la revolucionarización de los sindicatos llamados combativos. Todo cuanto decimos es que no se puede empezar la casa por el tejado, y que para hacer que el comunismo prospere hay que construir la hegemonía proletaria en todos y cada uno de los espacios políticos.
Finalmente, la tarea inmediata e imprescindible que tenemos pendiente es participar de la huelga general aprovechando sus estrechos márgenes para denunciar sistemática y encarnizadamente a los agentes reformistas que intentan aprovechar la ira de los trabajadores para sus fines partidistas: PSOE, UGT, CCOO y el Sindicato de Inquilinas. Esta denuncia será limitada por fuerza dada la escasa implantación del movimiento comunista entre el movimiento obrero, pero debe ser tan intensiva, vocal y eficiente como lo permitan nuestras fuerzas. Este es el primer paso en el camino hacia la hegemonía proletaria.
- Este artículo es una versión sintetizada de nuestro documento llamado «La política comunista para el problema de la vivienda», del cual hemos extraído nuestras tesis políticas. Por lo tanto, en este artículo no hemos incorporado todo el análisis estadístico en el que se basan nuestras conclusiones. Todos los datos que mencionamos se pueden encontrar en nuestro texto disponible en https://kursant.website/politica-comunista-para-el-problema-de-vivienda/ donde se están todos los porcentajes justificados y las fuentes desglosadas y referenciadas. ↩︎