Dos atrocidades

En cuanto a los grupos irreductibles, quizá no hay más remedio que el uso de la fuerza, al igual que hizo Julio César. En este caso no estamos hablando de batallas, sino del uso adecuado del Derecho disponible que inspira y limita toda actuación de las administraciones públicas en las sociedades democráticas.

Una cálida tarde de mayo, alrededor de las 15:00, Layli Colorado, una joven colombiana de 26 años, paseaba tranquilamente por la calle San Vicente Mártir, Valencia, de camino a casa de unos amigos. Iba acompañada por su hijo de tres años, con un grave diagnóstico de autismo, y por una conocida suya con la que se acababa de cruzar. Apenas dos minutos después de salir del portal de casa, tanto Colorado como su amiga fueron testigos de una intervención policial. Un puñado de agentes de la Policía Nacional habían reducido a dos jóvenes –los motivos se desconocen– y, ya inmovilizados, los agentes empezaron a pisarle el pecho a uno de ellos y el tobillo al otro. La conocida de Colorado recriminó a los agentes el trato a los jóvenes, a lo que uno de ellos contestó a gritos «que no se metiera, que no era asunto de su incumbencia». Las dos chicas y el niño siguieron su camino, pero uno de los policías las siguió, solicitándoles la identificación. Colorado se negó, así que el agente dijo que la tendría que arrestar. La joven volvió a negarse, y el agente, de forma muy razonable, decidió apalearla delante de su hijo. La golpiza dura varios minutos, el tiempo suficiente para que la familia de Colorado oiga el jaleo desde el balcón. Bajan a socorrerla su padre, de 53 años, su madre, de 49, y un amigo suyo, de edad indeterminada. ¿Y cómo responde la policía? Propinándoles una paliza a los tres. En menos de cinco minutos aparecen seis dotaciones –es decir, otros doce agentes– que se suman a la paliza. Los jóvenes inmovilizados, por cierto, son apaleados también. Y Colorado, su conocida, sus padres y el otro conocido son detenidos. A decir verdad, estamos gratamente sorprendidos por el comedimiento de los agentes: contra todo pronóstico, el crío de tres años no fue apaleado ni detenido. La versión policial, desestimada por el juez en base a los vídeos que dejaron constancia de los hechos¹, reza lo que sigue:

[Mientras los agentes se encontraban identificando a dos sospechosos], dos mujeres que no tenían nada que ver con la intervención policial en curso, quienes empezaron a increpar a los agentes, intentando llamar la atención de los viandantes y soliviantar su ánimo, entorpeciendo en todo momento la actuación policial, por lo que los agentes las conminaron a que depusieran su actitud y siguieran su camino, haciendo éstas caso omiso. [Por tal razón, los agentes piden que se identifiquen] ya que estaban obstaculizando la actuación policial e intentando provocar una reacción hostil hacia los mismos con gritos y acusaciones. [Una se identificó, pero la otra], trató en todo momento interferir en la actuación policial, arremetiendo incluso con un carrito de bebé con un menor en su interior contra un agente. Ante tales hechos, y velando por la integridad del menor, el agente le volvió a reiterar que depusiera su actitud y se identificara, a lo que la mujer siguió increpando al policía, arremetiendo contra él y golpeándolo en el cuello, por lo que tuvo que reducirla con la fuerza mínima imprescindible. Diversas dotaciones policiales llegaron en apoyo, a la vez que varias personas conocidas de las mujeres se aproximaron a los agentes tratando de interferir en la intervención, abalanzándose sobre los mismos, creando un gran tumulto, resultando heridos cuatro policías con múltiples contusiones y traumatismos.

Esta historia, sin embargo, tiene un final bastante más feliz que el de Haitam Mejri. El 7 de diciembre de 2025, el joven marroquí entró en un locutorio con un móvil en cada mano. Alguien llamó al 112, alertando sobre un joven que trataba de cometer robo con violencia. La policía acude al locutorio señalado y las cámaras lo registran todo con claridad. Primero, calma. Una vez entra la policía, Mejri no se resiste: al contrario. Pero los agentes de la Policía Nacional deciden que el cauce de acción idóneo es disparar con las pistolas taser al joven varias veces durante varios minutos, al grito de «¡Métele, métele!». Los policías fueron conscientes de lo que hacían. «Bueno, ya ha muerto, ¿no?», «Este tío está muerto»². Y así fue: a razón de las descargas, Mejri murió de una parada cardiorrespiratoria en el sitio. Al llegar los sanitarios, los policías no aclararon los hechos, cosa que impidió su correcta intervención³. A día de hoy, los policías no han sido imputados formalmente⁴ y la jueza instructora del caso ha decidido archivarlo, sin ni siquiera citarlos a declarar.

La policía es un elemento persistente en la vida de cualquier miembro de la sociedad. Aparece en desahucios, huelgas y manifestaciones; merodea por las calles, declara ante la prensa, es la protagonista de no poca literatura, y los medios de comunicación de masas se encargan de recordarnos su existencia, sea de una u otra forma. En la conciencia colectiva, el agente de la ley es, a la vez, fuente de nervios y de tranquilidad. Los hay que, en la noche cerrada, se sienten más seguros al atisbar el reflejo azulado de sus faros, pero a pocos les resulta agradable lidiar con él. La policía aparece cuando hay problemas, pero tambiéna aparece cuando no los hay, y esto suele significar que es ella la que los trae.

Con las toneladas de propaganda policial, con la sobredimensión de su escala numérica y equipamiento, con el papel crucial que cumplen en la sociedad capitalista, no deja de sorprender que la policía no haya sido objeto de análisis orientados a la práctica militante, puesto que es un obstáculo inmenso que sortear, uno cuyas tácticas, apariencia y presencia moldean una parte fundamental de la práctica política sobre el terreno. Y es que, llegados a cierto punto de complejidad analítica, la policía suele causar gran confusión. Los elementos derechistas aducen a su carácter de asalariados para tildarla de proletariado, equiparándola a los soldados que pasarían a engrosar las filas del Ejército Rojo durante los últimos meses de 1917. Puestos a escoger, preferimos la caracterización errónea que se hace desde la «izquierda» de nuestra bancada, la que reza que la policía tiene como única función la defensa de la propiedad privada. Pero, aunque entre las funciones de los cuerpos represivos se cuente la defensa de la propiedad privada, su principal función nunca ha sido únicamente esa.

Con este artículo, más descriptivo que propositivo, nos proponemos realizar un breve repaso a los elementos que caracterizan a la policía. Empezaremos por realizar un muy breve repaso histórico a su nacimiento en España, que nos permitirá esbozar sus atribuciones en la misma medida en la que éstas se desarrollaron históricamente. Luego exploraremos su papel social concreto en la actualidad. Finalmente, antes de pasar a las conclusiones, realizaremos una breve descripción de la conciencia de clase del policía.

Una breve historia sobre la policía

Pasado un tiempo prudencial, donde se compruebe que todos los individuos o grupos posibles se hayan acogido a las nuevas reglas del juego, es el momento de ir a por los «irreductibles» y empezar a aplicar la ley en toda su extensión. En nuestra metáfora, dar privilegios a los «institucionalizados» y empezar a cortar árboles del bosque.

La policía es una entidad históricamente reciente; una cuya existencia se debe al desarrollo de las sociedades capitalistas, a su aparato estatal y legal y a su concepción sobre el derecho y la soberanía. Los cuerpos policiales profesionales empiezan a surgir a finales del siglo XVIII, pero no se consolidarán y establecerán como tales hasta bien entrado el siglo XIX. Antes de la llegada del Estado moderno, la administración de justicia recaía en el señor feudal y sus hombres de armas o en los matones semi-oganizados contratados por las administraciones locales. Si el orden público se resentía por encima de las capacidades de estos organismos, entonces se enviaba al ejército o su equivalente. Pero, como decíamos, hasta bien entrado el siglo XIX no existió un cuerpo estatal dedicado profesionalmente al mantenimiento del orden social. La razón que empujó a los Estados a crear estas entidades fue el sometimiento de la disidencia política en contacto con el movimiento obrero, cuyos estallidos virulentos se manifestaban en forma de acciones organizadas y a gran escala. Las revueltas campesinas feudales eran frecuentes, pero rara vez adquirían las dimensiones suficientes para poner en jaque la paz social de forma sostenida. Las urbes del siglo XIX, sin embargo, eran un verdadero polvorín.

En España, la Policía –nos referimos aquí a la predecesora de la Policía Nacional– aparece por primera vez en 1824, por obra del Real Decreto del 13 de enero, promulgado por Fernando VII, bajo la forma de la Superintendencia General de Policía del Reino. La función de esta primera iteración de la policía era vigilar y reprimir actividades políticas liberales y antimonárquicas, fuera cual fuera su expresión. Si sus funciones se amplían a la investigación de delitos comunes es por una cuestión meramente colateral y propagandística. El otro «gran» cuerpo policial español –o paramilitar, más bien– es la Guardia Civil, fundada en 1844 bajo el reinado de Isabel II, pero por iniciativa del Duque de Ahumada. La Benemérita, llamada así por su «impecabilidad», nació para frenar las tumultuosas masas jornaleras, depauperadas y sometidas a unas condiciones de verdadera miseria. Esta era su verdadera razón de ser, por más que oficialmente fuera creada con el fin de frenar el bandolerismo en el campo español, que no dejaba de ser fruto de las lamentables condiciones a las que estaba sometido el campesinado.

En estos dos ejemplos podemos observar que la policía aparece como una fuerza militar o «militarizable» cuya finalidad es nítidamente política, pero que colateralmente empieza a desempeñar funciones de mantenimiento del orden público, y siempre en base a una perspectiva higienista, es decir, antiproletaria –o anticampesina–. La policía aparecía siempre para apalear al borracho, y nunca para evitar el robo al obrero. Esta será una constante durante buena parte de la primera mitad del siglo XX, algo que facilitaba enormemente la comprensión de su carácter entre las masas obreras. La policía era entendida como un cuerpo de ocupación permanente y profesional, la mano «blanda» del Estado que aparecía como anticipo a la llegada del Ejército, y nada más. Pero en la misma medida en la que el capitalismo se fue desarrollando y en el mismo grado en el que los obreros arrancaban determinadas conquistas de las manos de la burguesía, los estándares sociales de lo que podía ser considerado «normal» o «aceptable» fueron mutando, dando lugar, ya durante la segunda mitad del siglo XX, a las sociedades occidentales que hoy todos conocemos –con perdón, claro, de las dictaduras militares en medio globo–.

Fijémonos, sin embargo, en los fundamentos y en la claridad con la que se presenta el desarrollo histórico de la policía española. La Superintendencia General del Reino tiene asignada una tarea netamente política que la obliga a profesionalizarse en su metodología investigativa, siendo, en cierto modo, la precursora de las técnicas policiales modernas en lo referente a sus funciones administrativas y criminalísticas. A la Guardia Civil le queda reservada la tarea de la violencia directa, la defensa paramilitar en contra de los elementos subversivos a la que solo se puede responder con el ejercicio de la fuerza. Sabemos que, por su desarrollo, ambas instituciones ampliarán sus funciones para abarcar el campo de la otra, generando la redundancia que, más allá de algunos matices, observamos en España hoy en día. Cierto es que la Guardia Civil, por su carácter militar y su independencia organizativa en relación con los organismos civiles, se ha empecinado más que la Policía Nacional en asistir en las intentonas del franquismo por aferrarse al poder con las uñas y los dientes. Pero, por lo demás, tenemos que de la fusión de las funciones de ambos cuerpos no ha resultado un único cuerpo policial, sino dos.

¿Y cuáles son estas funciones? O, mejor dicho, ¿cuál sería esta función? La defensa del orden social imperante o, dicho en términos «económicos», el mantenimiento de las condiciones que aseguran el correcto desarrollo del metabolismo social. Cuando la policía defiende la propiedad privada, lo hace únicamente porque la violación de este principio supone el quebrantamiento de la legalidad de la burguesía, de su legitimidad y de sus principios. Cuando la policía persigue y castiga a criminales que perjudican al proletariado, lo hace con el objetivo, consciente o inconsciente, de restaurar el orden social, de evitar la propagación de una enfermedad que no es sino causa de las mismas condiciones sociales que defienden con su misma existencia. La policía es la primera línea de defensa de la sociedad burguesa, y su actividad responde únicamente a un único criterio: mantener el estado de las cosas en un momento dado, cueste lo que cueste. Cualquier elemento, sea o no sea revolucionario, real o ficticio, más o menos peligroso, que sea detectado como potencialmente peligroso pasará a ser su objetivo de forma inmediata.

Un ejército para el interior

La redada estará especialmente mal hecha y con trato humillante para encender más los ánimos, si es necesario.

Ahora conocemos la principal función de policía, pero solo hemos empezado a arañar la superficie de su carácter. Lo primero que debemos entender, y esto es evidente por sí mismo, es que las funciones atribuidas a los cuerpos de la ley son inherentemente violentas, y hablamos aquí en el sentido más explícito de la palabra. Dejando de lado algunas de las capas de los agentes de seguridad privada –cuya función sí que es, de forma mucho más explícita, la defensa de la propiedad privada–, los cuerpos policiales son los únicos que tienen capacidad para ejercer la violencia de forma legal.

Recuperemos la posición derechista que hacíamos constar en el primer apartado, aquella que reza que la policía no solo es obrera, sino que es equiparable a los soldados rasos, porque encontramos aquí el primer error en su planteamiento: el personal militar no puede emplear la violencia contra los ciudadanos de su propia nación de forma legal salvo en el supuesto en el que la policía sea incapaz de contener las amenazas que afligen el sistema. Es decir, en la actualidad, el ejército es un cuerpo que ejerce violencia hacia el exterior en base a los intereses de la burguesía, mientras que la policía es el cuerpo encargado de ejercer la violencia en el interior. Esta distinción, que no es baladí, no descansa sobre argumentos de índole piscologicista; es decir, nada tiene que ver con formulaciones del estilo de «un soldado tendría mayores dificultades para abatir a un compatriota», porque esto es, como ha demostrado la historia, rotundamente falso. El ejército profesional puede cumplir con las funciones de mantenimiento del orden vigente de forma tan solvente como desnuda, pero esta eventualidad es, en los tiempos que corren, una rareza. Y lo es por una única razón: la especialización de los diferentes brazos del Estado. Las Fuerzas Armadas españolas, en su actual estado, son un cuerpo militar mercenarial altamente tecnificado, pero de reducido tamaño. Su planteamiento, organización y equipamiento no están pensados para su aprovechamiento para las funciones policíacas. Ahora, y queremos introducir aquí una variable importantísima, en el ejercicio de sus funciones en el exterior; es decir, en su desempeño como fuerza de choque del colonialismo moderno, las fuerzas armadas cumplen con funciones policiales y realizan desarrollos técnico-represivos que luego son importados a la metrópolis. La barrera entre el ejercicio de la violencia militar y el ejercicio de la violencia policial existe, pero es permeable.

Estos desarrollos redundan en la estratificación y continuo desarrollo de las funciones policiales. Tomemos, por ejemplo, el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), que para finales de 2026 se espera que cuente con 75.453 agentes, pero que a finales de 2024 contaba con alrededor de 74.000⁵. De las Áreas, es decir, «subdivisiones», que conforman el CNP, el Grupo Especial de Operaciones, el TEDAX-NRBQ, la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Brigada de Información deben buena parte –por no decir casi todo– su desarrollo reciente a las innovaciones militares. De todos ellos, en el corto plazo, los revolucionarios de toda índole se familiarizarán especialmente con dos: la UIP y la Brigada de Información. Ambos cuerpos son excepcionales en el desarrollo de sus funciones: mantenimiento del orden público –es decir, actividad contra disturbios– y obtención de información de elementos subversivos de toda índole, respectivamente. La UIP ha logrado disolver todas las manifestaciones en las que ha intervenido en los últimos años sin poner cadáveres encima de la mesa, objetivo político de primer orden para un Estado como España, poniendo coto a estallidos tan formidables como el de los mineros asturianos y los del proletariado gaditano. La Brigada de Información, curtida y profesionalizada en la guerra de baja intensidad contra la ETA, ha demostrado sobradamente su precisión quirúrgica para desarticular, infiltrar y sembrar el caos entre los movimientos de índole izquierdista, si bien el desarrollo de sus operaciones contra el jihadismo, como demuestran los sucesos de 2004 y 2017⁶, ha sido «menos eficaz».

Este reforzamiento continuo en base a la ciencia militar, así como la experiencia sobre el terreno, hacen de los cuerpos policiales españoles una fuerza formidable que, llegados a este punto y teniendo en cuenta el estado de la lucha de clases en el país, constituyen, de forma indudable, el verdadero ejército contra el que el proletariado deberá enfrentarse en sus primeros combates contra el Estado. En nuestro artículo «Fascismo de nuevo tipo»⁷, señalábamos que:

Por ejemplo, y sin contar con los cuerpos autonómicos, el número de policías en España ha pasado de los 116.379 en el año 2006 a los 156.463 efectivos en el año 2024, un incremento absoluto de un 34,46% en unos veinte años. La población de España apenas ha crecido en 4 millones de personas en el mismo lapso –de los 44.695.447 en 2006 habitantes a los 48.619.695 en enero de 2024–, lo que nos deja un incremento de 260 a 322 policías por cada 100.000 habitantes con una tasa de criminalidad que, tal y como hemos repetido por activa y por pasiva, tiende al estancamiento –si no a la baja–. Para dar algo más de perspectiva a estas cifras, en 1936, en vísperas de la Guerra Civil, se estima que la población de España rondaba los 25 millones de habitantes, mientras que la fuerza combinada de guardias civiles y de asalto alcanzaba un monto total de alrededor de 55.000 agentes o, lo que es lo mismo, 220 policías por cada 100.000 habitantes.

A los 156.463 efectivos de 2024 habría que sumarles alrededor de 29.000 policías autonómicos y unos 79.000 policías locales, alcanzando la cifra absoluta de 255.000 policías –una cifra que se ha incrementado en los últimos dos años–. Este incremento, a pesar de la irrisoria tasa de criminalidad en el país, a la que haremos referencia en unas líneas, apunta al fenómeno que describíamos en el artículo sobre el fascismo, pero también a la fallida del Estado del Bienestar y al correspondiente giro violento y autoritario de los Estados, que no pueden hacer más que recurrir a la violencia para sostener las condiciones de explotación actuales en un momento histórico que se caracteriza por el empobrecimiento absoluto y relativo de la clase trabajadora.

Sin embargo, no quisiéramos cerrar el apartado sin mencionar brevemente la dimensión ideológica de este incremento. Este incremento sustancial en el reclutamiento sería inexplicable sin la intervención mediática y propagandística de la burguesía, que ha encontrado nuevos métodos para lavar y ensalzar la cara de la policía en la población, pero que se debe principalmente al desarrollo mismo de las funciones policiales. Hablando en plata, el Estado del Bienestar implica la existencia de una «policía del bienestar» que «sirve y protege» a toda su ciudadanía, cosa que, en un sentido superficial, no deja de ser cierta. El desarrollo de la policía en sus funciones ha conducido a la persecución del crimen común, cuya víctima principal no deja de ser el proletariado. El crecimiento de los departamentos de criminalística, la resolución más o menos satisfactoria de los delitos comunes, su papel de mediación en las disputas vecinales, su importantísimo papel durante la última ola del feminismo, que tras su integración en las estructuras estatales se ha servido enormemente de la policía para hacer cumplir su agenda, etc., han hecho de la policía un órgano enormemente mediático, orientando la discusión no hacia su carácter mismo o su función social, sino sobre el correcto cumplimiento de su papel.

Y el ejercicio de este servicio civil, que muchos policías desarrollan de forma «honesta», es decir, en consonancia con los valores cívicos burgueses, ha causado un daño inmenso en la percepción espontánea que el proletariado tiene de la policía. Sin esta mutación de parte de sus actividades, la propaganda policial sería irrealizable. Así, la consideración que la población tiene de la policía es relativamente positiva. Según la OCDE⁸, un 61% de los españoles dice tener confianza alta o moderada en ella, mientras que, en las encuestas realizadas por la Fundación BBVA⁹, los cuerpos policiales obtienen una nota media de 7 sobre 10.

El incremento numérico de la policía lleva, a su vez, al incremento de organizaciones políticas que defienden sus intereses, así como a sus redes de apoyo, a su capacidad de presión mediática y a la cantidad de individuos que, por proximidad familiar o de amistad, brindan su apoyo a los cuerpos represivos del Estado. Tenemos sindicatos como el Sindicato Unificado de Policía, JUPOL o JUCIL; organizaciones como JUSAPOL o la Plataforma para una Jubilación Digna, y fundaciones como, valga la redundancia, la Fundación Policía Española. La masa de gravedad de los cuerpos policiales como agente social relevante es tal que generan una verdadera carrera para ver quién es capaz de granjearse su apoyo. En esta maratón participan todas las fuerzas reaccionarias del país, desde el PP hasta el PSOE, pasando por el Frente Obrero y VOX. Esto contribuye también, y mucho, a la percepción positiva que la sociedad tiene de los cuerpos policiales.

Sintetizando los aspectos fundamentales que queríamos aclarar en esta sección y para empezar a introducir la siguiente, subrayaremos que el ejercicio de la violencia en defensa de los intereses de la burguesía requiere necesariamente de una brutalidad inusitada. Ello dice mucho de quienes aceptan el servicio policial voluntariamente. Antes señalábamos que el ejército es tanto o más capaz que la policía para reprimir al proletariado, pero no es menos cierto que los cuerpos represivos, particularmente aquellas secciones que entran en contacto con el resto de clases sociales en el ejercicio de sus funciones, están acostumbrados e insensibilizados a este recurrente ejercicio de la fuerza bruta. De entre todos ellos destacan, tal vez, los cuerpos de antidisturbios, que se ocupan de ejecutar las órdenes más ingratas. No hablamos solo del combate campal, sino del desahucio, del apaleamiento de obreros durante la huelga, etc. Todos los que hayamos estado el suficiente tiempo militando hemos sido testigos de la obra y servicio que estas bestias prestan a la sociedad, y todos podemos dar fe de la rápida adaptación de estos cuerpos a las necesidades políticas dictadas por sus jefes y a los requerimientos tácticos de todas las formas de lucha callejera en las que hemos tenido ocasión de practicar. Tanto lo mismo ocurre con las cerca de dos decenas de infiltraciones policiales que han sido descubiertas estos últimos años, cuyo objetivo parece ser más la desestabilización, observación prolongada y plantación de elementos durmientes que la desarticulación inmediata de los movimientos infiltrados. Estos casos, dejando a un lado las recurrentes muestras de brutalidad policial, son quizá los más escabrosos. Pero su verdadero peligro no reside en la crueldad ni en la brutalidad, sino en su eficiencia, en su capacidad adaptativa, y en su carácter nítidamente burocrático-administrativo. La policía no depende, no hoy en día, del genio individual de sus comandantes. Las infiltraciones se producen como fotocopias, los desahucios, como renovaciones del DNI, y las redadas poseen ya un plan predefinido que todos los implicados ejecutan mecánicamente.

Almas de metal

La consecuencia previsible de estos comportamientos previos y el diseño del dispositivo policial, es que acabará con una «batalla campal».

Recapitulemos. Hasta ahora hemos visto que, en lo esencial, la función de los cuerpos policiales es defender el orden social imperante, que gracias a la diversificación de sus funciones han logrado una consideración social relativamente positiva y que, de forma poco sorprendente, constituyen ya un estrato de clase con una enorme fuerza política tanto por su número como por lo vital de su actividad. Como ya dijimos en nuestro artículo «Sobre la aristocracia obrera»¹⁰, la policía forma parte de este estrato de clase, aparentemente proletario en tanto que su participación en el proceso productivo descansa sobre la venta de su fuerza de trabajo, pero en realidad contrario a él por su función concreta en el mismo: el disciplinamiento, castigo y represión, que engendra una forma de conciencia distinta.

¿Qué forma concreta adquiere la conciencia del policía? Esta pregunta, aunque interesante, nos es útil para explorar el otro aspecto de las fuerzas del orden, el que sería, digamos, «su reverso»: el crimen.

En el cierre del apartado anterior señalábamos que la brutalidad es inherente a la mentalidad del policía. Ni puede ni debe ser de otra forma. El apelativo de «matones con placa» en verdad encapsula genialmente el verdadero esprit de corps de las fuerzas de la ley, pero no solo por el elemento más superficial de la afirmación. Porque un policía, especialmente aquél que se dedica al ejercicio de sus funciones más elementales y «puras» –es decir, el «patrulla», el antidisturbios, etc.–, no es más que un matón a sueldo del capitalista colectivo, es decir, del Estado; y no guarda muchas diferencias, ni en lo que respecta al nivel de conciencia ni en el desarrollo de sus funciones, con el criminal organizado, que aparenta ser su némesis.

La primera noción que debemos comprender es que, en realidad, la lucha contra el crimen no es otra cosa que una pugna interburguesa entre dos grupos de capitalistas, una realidad mucho más tangible en otros países, pero no por ello menos cierta en nuestra patria. Las actividades ilegales quedan fuera del circuito legal, pero no son ajenas a las leyes de la producción capitalista. En este sentido, las distinciones clasistas en su sentido más abstracto son perfectamente aplicables a los entramados económicos ilegales en la misma medida en la que lo son para las empresas capitalistas legales: el mundo del crimen cuenta con sus burgueses y sus proletarios, y allí donde está más desarrollado, cuenta también con su propia policía. No es ningún secreto, por ejemplo, que, en algunas regiones de México, los narcos mexicanos fueron los encargados de aplicar el toque de queda y las restricciones de movilidad frente a la pandemia de COVID-19¹¹. En Haití, las facciones burguesas que pugnan por el control de lo que queda del Estado son pandillas, de entre las que destaca la llamada Fuerzas Revolucionarias de la Familia G9 y Aliados (G9), integrada por muchos expolicías y fundada por Jimmy Chérizier «Barbecue», también expolicía. En aquellos Estados en los que proliferan las actividades ilegales y en las que medra la «lumpenburguesía», los cambios de bando, los sobornos y la implicación directa de las bandas criminales en la vida burguesa «regular» son un hecho común.

La violencia con la que actúan estas facciones burguesas se debe a que quedan relegadas fuera del circuito legal de circulación. En estas condiciones de competencia feroz, alejados de las normas de la competencia dictadas por la ley burguesa, y con el Estado pisándoles los talones, recurren a los métodos más aberrantes para imponerse a su competencia. Ello no convierte a todos los integrantes del circuito económico ilegal en criminales. Pongamos como ejemplo el departamento de Santander, en Colombia. En esta región, dadas sus condiciones orográficas, ambientales y económicas, son comunes, entre otros, la producción de cocaína y de café. Pues bien, las condiciones de vida y trabajo que experimentan los campesinos dedicados al cultivo cocalero no son muy distintas a las de los campesinos cafeteros: jornadas draconianas, pago por peso de producto producido, miseria galopante y vigilancia armada de los cultivos. Para el campesino, que quien le vigile sea un soldado a sueldo del narco o un mercenario a sueldo de la empresa cafetera es relativamente irrelevante, puesto que ambos están más que dispuestos a asesinar al sindicalista que alce la voz, por ejemplo. En este sentido, aunque el campesino que planta cocaína se dedica a una actividad ilegal, no podría, no en un sentido marxista, ser tildado de «criminal», puesto que la conciencia que engendran sus condiciones de vida y trabajo son exactamente las mismas que las del campesino cafetero. De hecho, la rotación de ambos cultivos es algo relativamente común entre los campesinos de la región.

Lo que tenemos, pues, es que la participación directa en el circuito económico ilegal no es lo que transforma la conciencia política de alguien, sino que es el modo en el que lo hace. No nos referimos aquí a la participación esporádica, como tampoco al cometimiento de determinados delitos de forma más o menos regular. Todo el proletariado, en mayor o menor medida, participa de algún tipo de actividad ilegal, especialmente sus capas más depauperadas –y aquí ni siquiera hablamos de los grandes crímenes de los capitalistas, siendo el más ignominioso de ellos su existencia misma–. La conciencia «criminal» que comparten el policía y el matón a sueldo se debe al papel concreto que ambos realizan en la producción: el uso de la fuerza desnuda para suprimir el disenso y restaurar el orden dado. El castillo ideológico que sirve como justificación para esta práctica puede ser distinto entre uno y otro elemento. De hecho, parecen ser antagónicos. En realidad, no lo son. Tanto el matón a sueldo como el policía rinden culto a los mismos pilares ideológicos y disciplinarios que se desprenden de la ideología capitalista, solo que expresados de formas distintas.

¿Qué encontramos en el ideario del agente policial? El culto al orden, a la ley, a la disciplina castrense. No hacen ellos la ley, «solo» la ejecutan. No encontraréis entre la policía un solo objetor de conciencia para ejecutar desahucios o apalear obreros en una huelga, siendo ambas manifestaciones desnudas de su papel en la sociedad. De hecho, lo que sí se puede encontrar –y a patadas– son voluntarios. Tomemos los desahucios como ejemplo. En el año 2024, último del que existen cifras definitivas y consolidadas, la Generalitat de Cataluña ejecutó 7.381 desahucios, es decir, un 26,8% del total de los que se produjeron en España¹². La sección de los Mossos d’Esquadra encargada de ejecutar los desahucios es la unidad antidisturbios, la Brigada Mòbil que, según los últimos datos oficiales disponibles, contaba con unos 500 efectivos¹³. Pero, ya en 2002, la Generalitat creó un cuerpo auxiliar y voluntario compuesto por agentes regulares del cuerpo, el Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO). Este cuerpo que, repetimos, está compuesto exclusivamente por voluntarios, funciona como una especie de leva de antidisturbios que auxilia a la Brigada Mòbil en todas sus operaciones de baja latencia –desahucios, huelgas, manifestaciones, controles de carretera, etc.–. Los elementos que componen la ARRO no están cuantificados, pero son entre 700 y 800… y no por falta de voluntarios. La cifra está restringida por la Generalitat, que estudia ampliar el número de agentes. Así, en la práctica, la Brigada Mòbil no aparece en los desahucios. Quien sí lo hace son los entregados agentes de la ARRO, policías corrientes y molientes con escasísima instrucción, pero sobrada voluntad para apalear inocentes cuyo mayor crimen es el impago al parásito.

La predisposición a la violencia amparada por la ley, la adopción de los valores burgueses que rodean su ejecución y la sensación de impunidad conducen a la senda de la brutalidad, y también son un magnífico caldo de cultivo para el fermento de la ideología fascista. He aquí el origen de la plétora de «casos aislados», de «ovejas negras» que ensanchan incesantemente los expedientes de mala praxis policial. Tenemos el reciente caso de violación del jefe de la Policía Nacional¹⁴, pero también los dos casos con los que abríamos el artículo. Tenemos el caso del tiroteo a un sintecho¹⁵ , el del policía de paisano que asfixió a un hombre hasta matarlo¹⁶, los guardias civiles que obligaron a los comensales de un bar a alzar el brazo con el «Cara al sol» y meterse balas en la boca¹⁷, el caso de Altsasu, las sucesivas torturas y vejaciones aplicadas por los Mossos d’Esquadra en sus cuarteles –particularmente en la comisaría del barrio de Les Corts–, el conocido historial de barbaridades cometidas por los sucesivos cuerpos policiales en Euskadi y, en fin, una cantidad inabarcable de «casos aislados». Considerando la tendencia al encubrimiento y el corporativismo característico de los agentes de la ley, tenemos que, solamente en los cuerpos estatales –Guardia Civil y Policía Nacional–, entre 2015 y 2024, unos 1.000 agentes se enfrentaron a la justicia¹⁸, y que estos mismos cuerpos sancionan alrededor de 1.600 agentes al año por sus malas prácticas¹⁹.

¿No es esto un tipo de conciencia que emana de una práctica social concreta? ¿No encontramos aquí, superada la barrera de la continencia y la disciplina, al mismo tipo de escoria que acosa al proletariado por la noche, amparado por la ley del más fuerte e imbuido de la conciencia criminal?

Este estamento de la aristocracia obrera es perfectamente consciente de su función social, y se siente cómodo en ella. Su práctica y su conciencia son las del verdugo, las del criminal. Esta es la realidad: que la policía recluta a sus componentes más viciosos del que lo hacen los criminales: obreros desclasados, lumpenproletarios y pequeñoburgueses. Ambos ejércitos del capital, tanto el legal como el ilegal, se alimentan de los mayores restos que aparecen tras el proceso de canibalismo social. Porque el matón es policía, y el policía es criminal.

Juez, jurado y verdugo

A lo largo del artículo, debajo de cada subtítulo, hemos incorporado una serie de fragmentos procedentes de El síndrome de Sherwood²⁰, una Tesis de Máster redactada por David Piqué i Batallé, que sería Comisario General de Coordinación Territorial de los Mossos d’Esquadra desde 2012 hasta su muerte, en septiembre de 2016. La versión disponible al público, descubierta por el periódico la Directa, da buena cuenta de que las fuerzas del orden son perfectamente conscientes de su papel en la sociedad, que contemplan sin ambages. Su refinamiento y «humanidad» en el trato se deben tanto a las necesidades políticas como a la efectividad de la técnica. En palabras de Piqué i Batallé:

En este trabajo, queremos ver cuál es el modelo social y jurídico que nos permita orientar políticas publique sobre estos grupos, que eviten un deterioro de la convivencia colectiva sin dejar que la tolerancia se convierta en impunidad y por tanto en injusticia.

El problema al que se enfrentan los revolucionarios es que lidian con un cuerpo que no solo los supera ampliamente numérica, organizativa y materialmente, sino que éste se presenta hoy como un agente neutral capaz de subsanar los problemas de la ciudadanía. Si unos apartados atrás hablábamos de la multiplicación de las funciones policiales en consonancia con el desarrollo natural del cuerpo –es decir, poner fin a cualquier alteración del orden social existente–, a esto hay que sumarle no solo la propaganda, sino las mismas premisas ideológicas abstractas de las que dice partir la actividad policial. El ideal abstracto de justicia, la protección del indefenso, la destrucción de determinados elementos perniciosos para la sociedad, etc. Se presenta aquí otro problema, y es que en el desarrollo de sus actividades la policía opera como lo que es: un cuerpo interclasista. La justicia burguesa es parcial en su resolución, pero no lo es «en sus planteamientos». Un robo, un secuestro o una violación afectan a todos los individuos que lo sufren, y la policía es el organismo encargado de resolverlos. El mejor factor propagandístico para los cuerpos policiales es, pues, el desarrollo de una de las vertientes de su práctica, gracias a la que «igualan» a toda la ciudadanía, al menos en apariencia.

Contra todo esto poco se puede hacer por el momento. La agitación que indica cuán sanguinaria es la policía tiene una efectividad limitada, y las exhortaciones sobre la «militarización» de los barrios son leídas por los trabajadores como poco menos que exclamaciones propias de desquiciados. Para el proletario, que está acostumbrado al llanto de la sirena y al veloz destello azul, la presencia de la policía es algo tan natural como el aire que respira. El único y verdadero método para revelar el carácter de las fuerzas de la ley es la organización, el combate. El trabajador toma conciencia del papel real de los agentes policiales cuando es apaleado en una huelga o en un desahucio, cuando los puercos embutidos en aramida secuestran a sus hijos al abrigo de la noche. Por suerte para nosotros, este país está plagado de puercos sedientos de sangre, y la burguesía aprieta cada vez con más fuerza. Sucederán muchas desgracias, demasiadas. Pero nosotros no tememos el resultado de la liza.

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1. Miguel Giménez, “Una familia colombiana muestra los vídeos de una agresión policial en València: ‘Sentí mucha rabia, miedo e impotencia’,” elDiario.es, 19 de mayo de 2025, https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/familia-colombiana-muestra-videos-agresion-policial-valencia-senti-rabia-miedo-e-impotencia_1_12311599.html ↩︎
2. Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza), tuit publicado el 19 marzo 2026, comentarios sobre la actuación policial en el caso de Haitam Mejri, X (anteriormente Twitter), https://x.com/FonsiLoaiza/status/2033832753024651669 ↩︎
3. eldiario.es (@eldiarioes), tuit publicado el 20 marzo 2026, “Métele más táser” — frase que aparece en los vídeos de la intervención policial que acabó con la muerte de Haitam Mejri en Torremolinos, X (anteriormente Twitter), https://x.com/eldiarioes/status/2034203701963870245 ↩︎
4. Redacción Andalucía, “Un informe insiste en la responsabilidad policial en la muerte de Haitam Mejri en Torremolinos,” El Salto Diario, 18 marzo 2026, https://www.elsaltodiario.com/malaga/un-informe-insiste-responsabilidad-policial-muerte-haitam-mejri ↩︎
5. “La Policía Nacional llegará a la cifra récord de 75.435 efectivos a finales de 2026”, EFE, 23 de enero de 2026. ↩︎
6. Ambos casos, por cierto, destacan por la extraña y curiosa implicación de la policía y los sucesivos organismos estatales en el encubrimiento de pruebas, contacto directo con los terroristas, «gazapos» investigativos difícilmente explicables, etc. En aras de no alargar el artículo con elucubraciones sobre la verdadera naturaleza de los hechos, nos hemos decantado por no entrar a matizar o explicar estos hechos. ↩︎
7. Disponible en: https://kursant.website/fascismo-nuevo-tipo-como-combatirlo/ ↩︎
8. Encuesta de la OCDE sobre los motores de la confianza 2024: España, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 10 de julio de 2024. ↩︎
9. “Estudio sobre confianza en la sociedad española 2025”, Fundación BBVA, febrero de 2025. ↩︎
10. Disponible en: https://kursant.website/sobre-la-aristocracia-obrera/ ↩︎
11. Infobae, “No estamos jugando: el Gobierno reconoció que los ‘Chapitos’ impusieron un toque de queda en Sinaloa por COVID,” 3 de julio de 2020, México, https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/03/no-estamos-jugando-el-gobierno-reconocio-que-los-chapitos-impusieron-un-toque-de-queda-en-sinaloa-por-covid/; Reuters, “As Mexico focuses on coronavirus, drug-gang violence rises,” 18 de junio de 2020, México, https://www.reuters.com/article/world/as-mexico-focuses-on-coronavirus-drug-gang-violence-rises-idUSKBN23P1VN; Time Magazine, “Armed groups in Latin America enforce curfews during coronavirus pandemic,” 2020, América Latina, https://time.com/5870054/coronavirus-latin-america-armed-groups/ ↩︎
12. Consejo General del Poder Judicial, “Estadística sobre lanzamientos (desahucios) año 2024,” difundido por RTVE, 14 de marzo de 2025, https://www.rtve.es/noticias/20250314/desahucios-ejecuciones-hipotecarias-alquiler-cgpj-2024/16491071.shtml. ↩︎
13. Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, “Respuesta parlamentaria sobre el número de efectivos de la Brigada Mòbil (BRIMO),” recogida en El Món, 10 de abril de 2023, https://elmon.cat/societat/policial/interior-dimensionar-brimo-mossos-esquadra-juny-647375/ ↩︎
14. José María Jiménez Gálvez y Óscar López-Fonseca, “Una querella por violación gestada en ‘sigilo’ durante meses: así cayó el jefe de la Policía Nacional”, El País, 22 de febrero de 2026, https://elpais.com/espana/2026-02-22/una-querella-por-violacion-gestada-en-sigilo-durante-meses-asi-cayo-el-jefe-de-la-policia-nacional.html. ↩︎
15. Rebeca Carranco, “La Guardia Urbana dispara dos veces a un sin techo en Barcelona armado con un cuchillo”, El País, 21 de noviembre de 2020, https://elpais.com/espana/catalunya/2020-11-21/la-guardia-urbana-dispara-dos-veces-a-un-sin-techo-en-barcelona.html ↩︎
16. “Detenido un policía de Madrid por asfixiar hasta la muerte a un hombre al que acusaba de robarle el móvil”, El País, 18 de junio de 2025, https://elpais.com/espana/madrid/2025-06-18/detenido-un-policia-de-madrid-por-asfixiar-hasta-la-muerte-a-un-hombre-al-que-acusaba-de-robarle-el-movil.html ↩︎
17. “Absuelven a los guardias civiles acusados de obligar a clientes de un bar a meterse balas en la boca y cantar el Cara al Sol”, laSexta, 16 de octubre de 2019, https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/absuelven-guardias-civiles-acusados-obligar-clientes-bar-meterse-balas-boca-cantar-cara-sol_201910165da6d58a0cf28254e6379481.html ↩︎
18. “Casi un millar de policías nacionales y guardias civiles ha afrontado problemas legales en la última década”, EscudoDigital, 3 de marzo de 2025, https://www.escudodigital.com/interior/841-guardias-civiles-79-policias-nacionales-problemas-legales-ultima-decada.html ↩︎
19. Alejandro Requeijo, “Policía y Guardia Civil sancionan una media de 1.600 agentes al año por faltas disciplinarias”, El Confidencial, 7 de abril de 2023, https://www.elconfidencial.com/espana/2023-04-07/sanciones-policias-guardia-civil-faltas-disciplinarias_3605256.html ↩︎
20. David Piqué i Batallé, El fenomen okupa/antisistema circumscrit al districte de Gràcia (Barcelona), com a factor de risc per a la convivència i potencial focus de percepció d’inseguretat: polítiques públiques de seguretat aplicables per evitar que esdevingui un problema d’ordre públic o delinqüencial i conseqüentment de solució únicament policial (El Síndrome de Sherwood) (Barcelona: Tesi de Màster, Universitat Oberta de Catalunya, 12 de novembre de 2009), PDF, 153 p., https://nosomosdelito.net/sites/default/files/public_files/documentos/sindrome_de_sherwood.pdf ↩︎